Alquiler de vientres: Res extra commercium

La solución no es la regulación, sino la eliminación de la precariedad económica.

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Ábalos, Narbona, Sánchez y Lastra, protagonistas en el Congreso del PSOE, donde ha habido debate al respecto del alquiler de vientre.

Hay un concepto del Derecho Civil que me fascina: Res extra commercium, establece que hay cosas con las que no se puede comerciar por estar «fuera del comercio de los hombres». Es decir, por mucho que nos hayan dicho en canciones, peliculas e historias populares que todo tiene un precio, el Código Civil nos salvaguarda. Este concepto viene a colación del reciente 39º congreso del PSOE, donde se ha decidido apoyar la no regulación de la mal llamada «gestación subrogada».

Lo único que no me gusta del res extra commercium es que la doctrina sigue hablando de «fuera del comercio de los hombres». Ya podría ser «fuera del comercio de la humanidad».

Es cierto, no todo tiene un precio; no se puede comerciar con todo, tampoco con los vientres. El caso más cercano es el del tráfico de órganos. De aprobarse, habría que hacer una excepción: No se puede traficar con órganos a no ser que el órgano en cuestión sea el vientre de una mujer.

Hemos de pasar por el filtro del feminismo: No creo casual el hecho de que este debate haya surgido en torno al cuerpo de la mujer. Como decíamos antes, el tráfico de órganos está prohibido, pues se entiende que, aun existiendo el Derecho a la vida, por mucho que alguien se esté muriendo por un fallo en los riñones, sigue sin tener derecho a comprar el riñón de otra persona. Dado el caso, se enarbola el Derecho a fundar una familia -el artículo 39 CE habla de proteger económicamente a las familias, no dete fundarlas- (que bien podría entrar en el concepto de libertad sin más prescripciones) y, con base en él, se asume que han de tener derecho a este comercio.

Si no contemplo el tráfico de órganos con base en el Derecho a la vida; imagínense el comercio de vientres con base en el «neonato» Derecho a fundar una familia, un novedoso derecho que, además, no se ve lastimado de forma sistemática en el ámbito social, por lo que no merece de una especial protección.

A su vez, se habla de libertad contractual entre dos partes. Acudiré a Romeo y Julieta: Romeo va a comprar el veneno con el que va a suicidarse, lo cual está prohibido. El boticario es absolutamente pobre y, en principio, se niega, pero dice Romeo: «No es tu voluntad la que compro, sino tu pobreza» (Acto V, escena primera).

Sucede que una de las dos partes, más que probablemente, va a ser precaria, por lo que la contraparte va a tener de facto más poder en una negociación. Por ese lado, considero que la posición de igualdad ha de darse (o por lo menos procurarse) desde el ámbito pre-contratual.

Creo legítimo decir que, en este caso, existe una violencia social que es la precariedad, y esto sí es endémico. Si bien el recién nacido (dígase con ironía) derecho a fundar una familia no se ve lastimado más que subrepticiamente; sucede todo lo contrario cuando hablamos de precariedad: Si bien el derecho nos protege, la precariedad nos ataca y lo que de forma ideal está escrito, la precaria realidad lo pervierte. A saber: El derecho a la vivienda existe, otra cosa es que tengas posibles para alquilar o comprar un piso.

Dicho de otra forma: ¿Si la mujer cuyo vientre van a alquilar cobrara 50.000 euros al año haría lo que está a punto de hacer? Permítanme que lo dude. Por tanto, estimo oportuno decir que este debate se cerraría no con una regulación al respecto, sino con la eliminación de la precariedad económica.

Los partidos políticos harían bien en empezar a desarrollar fácticamente el Estado del Bienestar del S. XXI. Desarrollar planes de vivienda, educación, laborales y, claro está, planes familiares en los que se contemple la adopción, la inseminación y la investigación para hacer más fácil el tener progenie, lo cual también es una necesidad demográfica. En definitiva, planes contra la pobreza desde un Estado que en su propia Constitución se denomina Social, pues en la actualidad lo ideal es la Ley, pero tiene su némesis en la realidad de los sueldos.

Hay un camino, como en todo, hacia el acuerdo: El no comercio. Es decir, si se demuestra que la mujer arrendadora (o gestante) no va a percibir un beneficio económico por el alquiler del vientre, sí estaríamos hablando de libertad y, por tanto, no habría nada que objetar. En caso contrario, seguimos hablando de negocio y de cosas que han de estar fuera.

Lo que sucede es que la opción que acabo de proponer me parece del todo onírica (ni siquiera utópica o quimérica), por lo que la no regulación me sigue pareciendo la opción más acertada.