Alto voltaje

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Los últimos acontecimientos en la Junta de Andalucía dan escalofríos a cualquier persona, no ya demócrata, sino simplemente respetuosa con las leyes. Convocar puestos de trabajo en la Administración Autonómica a las 12 de la noche y resolverlos a las 10 de la mañana del día siguiente, crea, no ya dudas, sino razonables sospechas de enchufismo, clientelismo político, o cualquiera otra modalidad de trampa que se le ocurra a usted, amigo lector.

Pensar que es una forma de agradecer favores a los amigos, es la primera idea que viene a la cabeza; o tal vez aumentar la legión de estómagos agradecidos para abonar el ya de por sí amplio campo sembrado con semillas de identidad ideológica conservadora. Y, ¡ojo!, que esto lo están haciendo aquellos a los que se les llenaba la boca hace poco diciendo que iban a limpiar la Administración de la Junta de Andalucía, esos mismos que presumen de constitucionalistas y pisotean los artículos de nuestra Constitución cuando les interesa, esos que exigían rigor procedimental al anterior gobierno autonómico andaluz y, cuando se han sentado en las poltronas del poder, han encerrado la ley de procedimiento administrativo en una caja fuerte, le han dado cuatro vueltas a la cerradura y han arrojado la llave a la sima más profunda para que nadie pueda hacer nada contra el vandalismo de su política administrativa; de las otras políticas (sociales, económicas, educativas, culturales, etc.) mejor ni hablamos.

No se entiende cómo los tribunales no actúan y detienen tanto despropósito, tanto cafrerío y tanta desvergüenza administrativa. El Gobierno andaluz está burlando la ley (diremos que presuntamente por aquello de la presunción de inocencia) con la complicidad del silencio de quienes debieran no sólo gritar a los cuatro vientos tanta tropelía, sino denunciar ante los órganos judiciales tanta maldad y tanta manipulación despreciando el derecho constitucional de todos los ciudadanos para acceder a un empleo público. Parece que por fin, alguien ha cursado la denuncia ante la fiscalía, ¡ya era hora! La sospecha de prevaricación flota, razonablemente, en el aire y los jueces tendrán que pronunciarse. Algunos listillos, con título de Licenciado en Derecho y otras titulaciones conseguidas en Universidades Privadas, se pueden quedar en “pelotas” cuando se tengan que sentar en el banquillo de los acusados. ¡Ya está bien de que algunos políticos se rían de los ciudadanos y de que hayan tomado la administración andaluza como el cortijo de su familia! Se “olvidan” de que la administración se mantiene con nuestros impuestos, con los que pagamos todos los ciudadanos andaluces.

Por cierto que no deja de causar asombro el descaro y el desconocimiento, mejor pensar que hay desconocimiento que no mala fe, de los incondicionales de la formación conservadora. Es mejor pensar eso que no en que sean expertos en lanzar bulos y mentiras. Aunque en eso hay auténtica maestría entre esa tropa experta en másteres a los que no es necesario asistir para ser titulado. Claro que estos que dicen que “los otros llevan 40 años enchufando a su gente” posiblemente es que recuerden con nostalgia la tradición, tan arraigada en el pasado, por la que los puestos que iban quedando vacantes eran ocupados por los hijos, primos y demás familias de los que los ocupaban anteriormente, eso sí, con el requisito inexcusable del certificado de adhesión al “régimen”.

Y mienten estos críticos porque “olvidan” que desde hace muchos años hay un procedimiento, recogido en la ley reguladora de la función pública, por el cual es una comisión, formada por la administración y los representantes de los trabajadores públicos, la que adjudica los puestos de trabajo (interinos, titulares, jefaturas de servicio, concursos de traslados…) en la administración autonómica. No se debe mentir… y si se desconoce el tema, mejor mantener la boca cerrada para no quedar en evidencia.

Por si no lo saben estos incondicionales y palmeros de las fuerzas conservadoras, y para que no vuelvan a patinar, incluso en las oposiciones hay control de los representantes de los trabajadores públicos. Es una información gratuita para que no hagan otra vez el ridículo.

Pues lo dicho, que si las cosas marchan, como es de esperar, por el sendero recto, a algunos se les va a cambiar “la color del rostro” cuando se tengan que sentar en el banquillo de los acusados.