Arellano reclama al Gobierno central una financiación adecuada y un plan de terminación de infraestructuras estratégicas

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Andalucía al Día, Fórum Europa

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha reclamado al Gobierno central “una financiación adecuada para poder defender los servicios públicos y un plan de terminación de las infraestructuras estratégicas y de conservación de los existentes”.

Ramírez de Arellano, que ha participado en Sevilla en el Forum Europa, ha explicado que ambas solicitudes tendrían “notables efectos sobre el empleo en el corto plazo, y se insertarían en los posicionamientos estratégicos que planteamos en el medio y largo plazo” para el desarrollo de la economía andaluza.

El titular de Economía ha realizado un recorrido por el pasado y el presente del desarrollo y el contexto económico de España y Andalucía, sobre los que ha definido cuál es el modelo por el que apuesta la Junta de Andalucía. Se trata, ha indicado, de “reforzar y consolidar nuestra opción por una economía de mercado con fines sociales, con servicios públicos eficientes y sostenibles a través de una fiscalidad justa, apostando por la internacionalización”.

En este sentido, ha comenzado recordando que España optó en la Constitución de 1978 por una economía social de mercado, cuyo objetivo es “generar riqueza con un fin social, que se materializa en propiciar un ‘estado de equidad’, creando las condiciones para una igualdad de oportunidades efectiva, que se debe disfrutar mediante el acceso a servicios públicos, muy destacadamente educativos y de salud”.

Para Ramírez de Arellano, esta decisión, “que trasciende a la propia justicia social”, es también “la decisión económica más correcta”, ya que “unos servicios públicos eficientes deben plantearse como un factor de competitividad, que además aportan cohesión y equilibrio”. Así, ha añadido, “nuestros servicios públicos han sido además un salario social subyacente del que se han beneficiado todos los actores económicos, las empresas y la economía en general, por lo que muy lejos de ser un lastre, son un valor a defender y optimizar”.

En el pasado, ha explicado también, la economía española y andaluza han estado muy centradas en el mercado interno, lo que explica “la hipersensibilidad andaluza a las crisis, porque dependemos sobremanera de la demanda agregada nacional, compuesta por el consumo, el gasto y la inversión pública, la inversión privada y la balanza externa”. Y, como efectos estructurales de tales crisis, el paro y la economía sumergida, “que cuesta años y recursos combatir, y son impropios de una economía avanzada”.

A estas circunstancias se unen, ha señalado, que “cuando para la salida de una crisis se apuesta simultáneamente por la devaluación interna, que restringe el consumo, y la austeridad, que reduce el gasto y la inversión pública, estamos escribiendo el guión del desastre que hemos visto, porque se desmotiva la inversión privada, mientras que los cambios en la balanza externa son lentos”.

Frente a ello, ha apostillado que la salida de la crisis “debe abordarse ahora por medio de un controlado y pactado incremento de los salarios y la recuperación de los derechos que propicie el incremento del consumo, al mismo tiempo que dejar atrás la austeridad para incrementar el gasto público, así como controlar déficit y deuda, incentivar la inversión privada y mediante una apuesta por mejorar la balanza externa”.

La apuesta de futuro del Gobierno andaluz

Para hacer frente a este contexto, el consejero de Economía ha explicado que la Junta de Andalucía apuesta, desde sus competencias, por una economía social de mercado “sana”, que recupere la igualdad y la equidad desde “un empleo digno y del acceso a los recursos que garanticen las oportunidades y las perspectivas vitales”.

Para lograrlo, la propuesta de modelo económico del Gobierno de Andalucía tiene “como lema clave la internacionalización de la economía”, siguiendo el ejemplo de las firmas andaluzas que, ante el decaimiento de la demanda de sus productos provocada por la crisis, han buscado otros mercados para exportar.

Ramírez de Arellano ha señalado que estas empresas, generalmente pymes, “vuelven cambiadas” del mercado exterior, porque “parten inicialmente de una ventaja en precio, debida a los menores costes laborales que la crisis ha permitido, pero descubren que el mercado global es muy competitivo y se dan cuenta que la verdadera rentabilidad está en cubrir toda la cadena de valor y tener una marca íntimamente ligada a la calidad del propio producto y de los procesos, lo que le conecta directamente con la necesidad de innovación”.

Para poder desarrollarse y crecer a través de este planteamiento, ha añadido, el Gobierno andaluz tiene la responsabilidad de facilitar a las empresas “el acceso a recursos para inversiones; a personas bien formadas; y conectar con los agentes generadores y de transferencia del conocimiento, especialmente en la universidad pública y en los centros y espacios tecnológicos”

Igualmente, las empresas necesitarán “un clima de paz social, generada mediante el diálogo constructivo entre los agentes principales de la Economía” y “una sociedad estable, con certidumbre y una articulación territorial sólida, así como los factores de competitividad que permiten unos servicios públicos eficientes e innovadores, además de unas infraestructuras públicas apropiadas”.

Según el consejero, “la combinación de una planificación correcta, de los factores de competitividad descritos y de unas infraestructuras bien concebidas, debe contribuir a la atracción de inversiones”.

Como ejemplos desarrollados por la Junta de Andalucía para poner en marcha este contexto económico favorable, Ramírez de Arellano ha citado algunas medidas como la Agenda por el Empleo, el Plan de Internacionalización, la Ley de Emprendimiento, el Plan de Actuación del Trabajo Autónomo, el Pacto por la Economía Social, el Decreto Reducción de Trabas Administrativas, los Planes Operativos de los Fondos Europeos, la Estrategia Regional de Especialización Inteligente, el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, la Ley de Agentes del Conocimiento o la financiación de las Universidades públicas, entre otras.