Arellano reclama de nuevo al Gobierno que derogue el Decreto-Ley de racionalización del gasto en el ámbito educativo

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Andalucía al Día, Universidad de Sevilla

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha reclamado de nuevo al Gobierno central que derogue el Real Decreto-Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, “que no ha servido al fin de ahorro que supuestamente perseguía y sirve de excusa para adelgazar el sector público universitario, crea un problema de personal y vulnera la igualdad de oportunidades”.

Ramírez de Arellano, que ha analizado en el Parlamento la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por la Junta contra varios artículos de este Real Decreto, ha explicado que el dictamen tiene un profundo carácter técnico y existen puntos en los que se ha dado la razón al Gobierno de Andalucía (apartados 1, 2 y 3 del artículo 6), así como el voto particular de dos magistrados que apoyan la tesis de la Administración autonómica “en cuanto que entienden que se vulnera la autonomía universitaria al vincular la jornada lectiva de los docentes con su dedicación investigadora”.

Sin embargo, más allá del contenido, ha destacado que la sentencia es “una oportunidad para reflexionar sobre el decreto, su verdadera necesidad y sobre si tiene utilidad real hoy día”.

En este sentido, ha afirmado que la norma “no ha servido para lo que supuestamente perseguía, ya que la propia sentencia reconoce que este Real Decreto-Ley no es útil para realizar un ahorro económico de modo urgente”. Y, al contrario, “sirve de excusa para adelgazar el sector público universitario, porque el aumento indiscriminado de precios públicos dificulta el acceso a los alumnos; crea un problema de personal al paralizar la entrada de nuevos docentes; e impide la incorporación de talento a los centros universitarios y vulnera la igualdad de oportunidades”.

Frente a ello, el consejero ha defendido el modelo universitario por el que apuesta el Gobierno andaluz, “que vela continuamente por una universidad pública y de calidad que, por supuesto, aspire a la excelencia pero que, sin duda, pase por garantizar la igualdad de oportunidades como base de su razón de ser”.

En esta línea, ha señalado que la Junta, en colaboración con las universidades públicas, ha paliado los efectos negativos de este decreto, “con políticas en pro del acceso en igualdad de oportunidades a los estudios universitarios y mantenimiento de su calidad, como los mínimos precios públicos posibles; fomentado la estabilidad en el entorno de las plantillas universitarias, con la convocatoria de plazas de ayudante doctor para renovación de personal docente; e igualando lo máximo posible el coste de grados y másteres”.

Para el Ramírez de Arellano, “más que reformas, resulta necesario, por un lado, completar el nuevo modelo de financiación de las universidades, el cual ya trabajamos con el horizonte de 2017; y continuar e impulsar la investigación (PAIDI), la estabilidad docente, la accesibilidad y la internacionalización, para retener el talento y favorecer la generación y transferencia del conocimiento”.

Pese a los recortes del Gobierno, el consejero ha explicado que la Junta “ha desplegado programas en pro de la formación internacional de los jóvenes titulados y el intercambio de talento”, como Talentia, Talent Hub y Talent Posdoc, y, en cuanto ha sido posible, “hemos abierto la puerta a la contratación de Ayudantes Doctores por necesidades de docencia y de investigación”.

A ello se suma la apuesta del nuevo PAIDI “por la excelencia, con más de una docena de medidas específicas de formación, retención, recuperación y captación de talento para aumentar la excelencia y cualificación de personal científico, mejorar la movilidad regional, nacional e internacional y facilitar el retorno de capital humano cualificado”.