Aumentan el número de funcionarios de refuerzo en los órganos judiciales andaluces con mayor carga de trabajo

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Andalucía al Día, juzgados
Foto Europa Press

La Consejería de Justicia e Interior va a dotar con 43 nuevos funcionarios a los órganos judiciales andaluces que tienen una mayor carga de trabajo, con lo que se llegará a un total de 180 funcionarios de refuerzo en los juzgados de esta comunidad, según el acuerdo adoptado hoy en la Comisión Mixta de la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El acuerdo de la Comisión Mixta reunida en Sevilla, a la que han asistido el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha sido posible al haber habilitado la Junta los recursos presupuestarios necesarios para financiar este programa especial de refuerzo de personal con el que se podrá aliviar la carga de trabajo y reducir la pendencia que soportan actualmente los juzgados a los que irán destinados estos funcionarios.

Este refuerzo aprobado hoy se suma a los 137 funcionarios interinos que ya venían prestando su servicio en los órganos judiciales y las fiscalías de la comunidad con ese objetivo, el 53,3% de ellos en juzgados de Primera Instancia y/o Instrucción, juzgados de lo Penal y fiscalías, precisamente las sedes judiciales donde se sustancian los procedimientos por delitos relacionados con los casos de corrupción.

Este refuerzo de personal obedece a un esfuerzo constante de la Junta desde 2012, que ha permitido que se hayan incorporado entre 133 y 139 funcionarios más por año desde entonces para atender la sobrecarga de trabajo de los juzgados andaluces.

El personal interino de refuerzo tiene como objetivo fundamental ayudar a resolver los problemas de sobrecarga de trabajo de carácter coyuntural y puntual en un órgano judicial. Mediante su asignación, se atiende a circunstancias temporales de sobrecarga, determinadas por las tasas de pendencia o por la complejidad de los asuntos que trami-tan.

El nombramiento y asignación de este personal tiene un procedimiento establecido que parte de un informe motivado de la secretaria o secretario coordinador provincial, que evalúa las necesidades de refuerzo y al que se acompaña un plan de actuación, que luego se remite a la Delegación del Gobierno de la Junta en cada provincia.