¿Ciudadano o delincuente?

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A veces las noticias, o mejor dicho, una noticia nos llena de estupor, perplejidad, asombro e incredulidad a partes iguales. Siempre, es una constante copernicana, la tozuda realidad supera a la fantasía consiguiendo que la capacidad de asombro de la raza humana no tenga límites. Eso es lo que ha ocurrido al conocer que se pide para un policía municipal la friolera de 20 años de cárcel, por defenderse de un grupo de violentos y sin escrúpulos delincuentes (estos sí, presuntos) que habían asaltado su vivienda para robar. Por el contrario, para los delincuentes se piden 4 añazos por asaltar una vivienda privada con sus moradores dentro, a los que golpearon con saña, hirieron y amenazaron de muerte. Parece que el comportamiento violento de los delincuentes (presuntos) es menos grave, mucho menos grave, que el del propietario de la vivienda defendiéndose para evitar ser asesinado él y su esposa. Conclusión, así a primera vista: el propietario de la vivienda debió haberse dejado matar por los asaltantes. Al menos es lo que se desprende a la vista de la petición de la fiscalía.

Podría ser que nuestro Derecho haya cambiado alguno de sus principios; el de presunción de inocencia o ha desaparecido o simplemente es ignorado. Pero en una sociedad que poco a poco pierde los principios, no es extraño que el Derecho pierda alguno que otro, que un inocente pase a convertirse por arte de magia, en un presunto culpable. Y todavía si esta situación rocambolesca fuera la excepción, algo infrecuente, que no se repite, podríamos pensar que es un caso aislado de anormal funcionamiento de las instituciones y del sistema. Pero no, hay varios casos que coinciden en lo esencial: acusar y juzgar a los agredidos en beneficio de los agresores.

Se dan de forma mucho más habitual de lo deseado, situaciones surrealistas. Algo así  como si se representara una obra del teatro del absurdo, un vodevil en el que los personajes malos se mueven en la impunidad, mientras los buenos son encorsetados en un papel que no les corresponde, acosados y perseguidos por los que deberían defenderlos.

Desde el desconocimiento del derecho penal, a cualquier ciudadano, con la simple aplicación del sentido común, le causa estupor que un delincuente tenga mejor trato que un ciudadano normal, que una persona que rompa las leyes sea tratado con más consideración que un ciudadano que cumple sus obligaciones, que un sujeto que impone su voluntad de forma violenta frente a los derechos de los demás sea amparado por el sistema, no es entendido por la sociedad. Y no valen excusas de marginalidad, de situaciones límites, ni de falta de formación. Los ciudadanos normales también pasan por situaciones difíciles (paro, problemas familiares, falta de vivienda…) y no salen por la calle de enmedio como hacen estos (presuntos) delincuentes. Lo que está consiguiendo el sistema es crear inseguridad, jurídica y social, y desamparar a los ciudadanos honrados, lo que se denomina como alarma social.

Se repite mucho el axioma de que “una cosa es la ley y otra, la justicia”. Es cierto, pero ya va siendo hora de que justicia y ley acerquen sus posturas y se identifiquen, a ser posible, lo antes que se pueda. Retrasar la identificación de los dos términos y de sus contenidos, perjudica la convivencia y crea brechas difíciles de cerrar.

Es urgente un cambio de la ley donde se establezcan claramente y se delimiten los campos de los derechos de los ciudadanos frente a los delincuentes, por supuesto que con la ley reguladora de la convivencia social, nunca tomando cada cual la justicia por su mano. A ello deberían dedicar sus esfuerzos los representantes de los ciudadanos, la clase política, en lugar de enzarzarse en continuos enfrentamientos partidistas, sectarios y kafkianos. Lo contrario es abonar el campo a los extremistas, a los que en el fondo les importa un bledo los ciudadanos, que sacan petróleo de estas injusticias.