COAG denuncia la “agenda oculta de Azucarera” para controlar la producción de remolacha

COAG demanda a Azucarera un cambio de rumbo para garantizar el futuro del sector remolachero en España.

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia “la agenda oculta de Azucarera” para controlar la producción de remolacha en España “y conseguir un sector productor más dócil”. Mientras, explican, “se niega a negociar mejoras en el seno del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI), a través de su filial AGROTEO, ofreciendo pequeños incentivos a los remolacheros de forma individual en el marco de una estrategia que persigue la interlocución directa con los agricultores al margen de las organizaciones profesionales agrarias”.

Fernando García, responsable del sector remolachero de COAG, advierte que, “a algún agricultor pueden resultarle interesantes los ‘cantos de sirena’ que la industria le hace a través de AGROTEO, pero antes de entrar por esta vía, aconsejamos una reflexión en profundidad de las consecuencias”.

En ese sentido, desde COAG se recuerda que las organizaciones profesionales agrarias “como voz de los remolacheros en las mesas del AMI” han logrado “significativas mejoras” en los contratos de remolacha a lo largo del tiempo. Estos avances “han buscado siempre mejorar las condiciones del conjunto del sector, lo que ha permitido que permanezca un conjunto remolachero con la suficiente fuerza para demandar a la Administración y la industria unas condiciones que han permitido mantener el cultivo tras la última reforma comunitaria”.

El AMI es ahora mismo, un acuerdo marco “que proporciona una estabilidad para períodos de 5 años, que cuenta con la garantía de las tres organizaciones agrarias más representativas y herramientas de control o incluso de arbitraje si es necesario”. Sin el AMI, advierten, “el remolachero perdería la fortaleza que le da la unión para pasar a desenvolverse ante la industria en soledad”.

El responsable del sector remolachero de COAG, Fernando García, explica que, “el productor de forma individual pasaría a depender de la voluntad de la industria en la siembra de las semillas más interesantes para la empresa pero no para el agricultor. Tendrían también una organización de entregas a gusto de la empresa, una imposición de precios de la remolacha y de los subproductos como la pulpa, y no existiría un control sobre los análisis de riqueza y los descuentos de pago por la remolacha. Tampoco existiría un Comité Técnico para establecer criterios y procedimiento para evaluar y corregir los resultados de los análisis de las muestras cuando la polarización o el descuento determinado por impurezas recoja desviaciones significativas sobre el promedio de los obtenidos por cada agricultor”.

COAG recuerda que todas estas condiciones establecidas en el AMI y que benefician al agricultor “son una excepción en el mundo agrario” y han sido siempre “un objetivo a conseguir en otros sectores”, donde la contratación es directa entre la industria y los agricultores, caso de la leche, la patata o el guisante.

“En estos sectores todo queda en manos de la industria, que argumenta cualquier disminución de calidad o bajada de precio en el mercado, sin que exista un control por parte del agricultor o ganadero y sin un arbitraje claro en caso de disconformidad. Por último, al carecer de una interlocución directa con la administración a través de las organizaciones, se debilitaría la negociación de ayudas del sector frente a otros cultivos, al ser este un cultivo de únicamente cuatro Comunidades Autónomas y sin ningún respaldo interprofesional”.

Tras lo expuesto, COAG demanda a Azucarera “un cambio de rumbo para garantizar el futuro del sector remolachero en España”.