Desarrollan un sistema que evalúa la gestión ambiental de los destinos turísticos

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Los investigadores de la Universidad de Málaga Rafael Caballero y Mercedes González.

Equipos de investigación de las universidades de Málaga y Pablo de Olavide de Sevilla han desarrollado un sistema de indicadores que evalúa la gestión ambiental de los destinos turísticos. El análisis que efectúa el modelo está sustentado en factores económicos, sociales y ambientales, que engloban a un total de 65 parámetros elegidos por expertos.

La sostenibilidad conlleva múltiples aspectos que resultan complejos de cuantificar en el sector turístico. “Este hándicap aumenta por la gran cantidad de agentes implicados, pero hemos establecido un modelo que evidencia el avance o retroceso en desarrollo sostenible”, señala a la Fundación Descubre el investigador de la Universidad de Málaga Rafael Caballero, autor del estudio ‘Sustainable tourism tags to reward destination management’, publicado en la revista Journal of Environmental Management.

Los científicos han generado un sistema de calificación a través de etiquetas, las cuales hacen visible si la situación en algún aspecto mejora o empeora. “Además, puede significar un incentivo para motivar a los gerentes de entes públicos locales a aplicar su trabajo de una manera eficiente, ya que se les evalúa de manera objetiva”, añade Caballero. Los destinos con calificaciones más altas los tomarán como referencia el resto de localidades.

Así, el trabajo para mejorar la calidad del empleo joven, aumento de zonas verdes o adaptación de infraestructuras a personas con movilidad reducida que un ayuntamiento desarrolle servirá de acicate, pues además su calificación se elevará en el análisis que aplica el modelo.

De nacional a local

El proceso de trabajo parte de estudios previos a escala nacional a cargo de los mismos autores, con el objetivo de mejorar el sistema de etiquetas turísticas adaptándolo a nivel local. Los investigadores encuestaron a expertos para validar los indicadores de partida. De forma paralela, elaboraron bases de datos que analizaban la evolución de los municipios andaluces entre 2006 y 2014 en turismo sostenible.

Los indicadores son 65, de tipo ambiental, social y económico. Aportan información sobre el grado de sostenibilidad de 54 municipios de Andalucía.

Las variables con un mayor peso en la dimensión social están relacionadas con la seguridad del destino turístico, la conservación del patrimonio cultural y la capacidad de carga. En el plano económico, gozan de mejor ponderación el empleo turístico y el grado de satisfacción de los turistas. Y en la faceta ambiental el mayor peso se relaciona con la protección de los espacios naturales y la gestión de las aguas residuales.

El 88% de las referencias proceden de estadísticas y datos oficiales, que se han aprovechado al máximo, y las restantes derivan de trabajo de campo a nivel local por parte de los expertos.

Finalmente, los autores fijaron el grado mínimo para considerar que ha habido mejora. Las etiquetas de sostenibilidad turística, que incluyen subcategorías, están otorgadas a los destinos que disfrutan de una dinámica positiva.

El equipo de investigación aplicó sus variables a 54 municipios urbanos andaluces para establecer una clasificación de aquellos que mejor plasman las etiquetas sostenibles.

Independiente

El equipo de investigación espera que el sistema sea de utilidad también por instituciones gubernamentales a nivel regional o nacional, para lo que ofrece la asesoría de su grupo. “Sin embargo, su gestión por parte de un organismo independiente y supranacional sería la opción ideal para que este tipo de sistemas de etiquetas cumplan su misión”, indica el experto, quien también apuesta por que esa entidad no oficial dé a conocer las buenas prácticas.

El trabajo futuro lo sitúa en adaptarse al cambio de enfoque que se produce en la planificación en este ámbito. “Los nuevos planes estratégicos incluyen a agentes del sector para que participen en las decisiones de diagnóstico y prioridades”, reflexiona Rafael Caballero.

El estudio fue financiado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía y Competitividad.