El Grupo Socialista rechaza el Procedimiento de Despido Colectivo del Grupo TRAGSA

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Andalucía al Día, PSOE Tragsa
Foto Europa Press

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que se muestra el absoluto rechazo al Procedimiento de Despido Colectivo (PDG) ejecutado en el grupo TRAGSA, “ya que es profundamente perjudicial para los intereses del país y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tanto en términos de empleo como de capacidad para satisfacer buena parte de los compromisos adquiridos, dificultándose la materialización efectiva de los encargos de obras y servicios que necesita la administración”.

Así, el PSOE solicita al Gobierno de España que impida la ejecución del PGD de TRAGSA y exija a la dirección del Grupo “la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores, que permita plantear un nuevo plan empresarial dirigido a incrementar la capacidad de producción y empleo del grupo público empresarial.”

Según ha recordado el Grupo Parlamentario Socialista, la empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) se fundó en 1977, para la ejecución de obras y servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia. Ésta es la empresa matriz del Grupo TRAGSA que posteriormente creó en 1989 su primera filial Tecnología y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC), para la realización de proyectos de consultoría e ingeniería. Los problemas en esta empresa llegaron con los años duros de la crisis económica y la caída brutal en la obra pública, lo que provocó el desplome del margen en la cuenta de resultados.

En septiembre de 2013 las direcciones de TRAGSA y TRAGSATEC comenzaron a negociar un Procedimiento de Despido Colectivo (PDC), alegando entre otras las causas económicas por una caída significativa de ingresos durante más de tres trimestres, y que la reforma laboral del 2012 justificaría un despido colectivo. El proceso acabó sin pacto con la representación de los trabajadores el 29 de noviembre y la empresa siguió adelante con el despido colectivo de 1.336 empleados con una indemnización de 20 días por año y tope de una anualidad.

La Audiencia Nacional, en abril de 2014, anuló el PDC por tres causas, entre ellas la falta de criterios objetivos para la selección de los 726 afectados de TRAGSA y los 610 de TRAGSATEC, reingresando de nuevo los trabajadores que ya habían sido despedidos.

Ante el recurso presentado por la empresa, el pasado 26 de noviembre el Tribunal Supremo resolvió declarando el PDC de TRAGSA ajustado a derecho, posibilitando con ello el despido de hasta 1.336 trabajadores, de los que hay señalados en la Comunidad de Andalucía 180 empleados, repartidos entre TRAGSA y TRAGSATEC en las distintas ubicaciones que tiene el Grupo en sus distintas sedes de Andalucía.

“En la actual situación de empleo en nuestro país, y particularmente en la Comunidad de Andalucía, esta decisión es totalmente inaceptable por el impacto que provoca sobre la economía tanto nacional como regional. Además, los datos económicos y productivos del Grupo, pasados dos años desde el inicio de este procedimiento, han evolucionado positivamente, de tal manera que las estimaciones de pérdidas y de producción no tienen parecido con las previsiones del inicio del PDC”.