El horizonte de la República

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Andalucía al Día, bandera republicana
Foto Europa Press

De lo primero que te enseñan una vez entras en la Facultad de Derecho es que prácticamente todo lo que hacemos desde que despertamos hasta que nos acostamos está regulado en alguna parte, o de alguna manera es un acto de Derecho, que con el paso del tiempo tenemos que identificar, para saber los deberes y derechos que se derivan de cada situación grosso modo y acudir rápidamente al texto que los recoja si fuera necesario.

Este proceso de aprendizaje, que forma parte de la formación que requiere un jurista para comprender la realidad desde la perspectiva jurídico-normativa, es posible gracias al principio constitucionalmente consagrado de la igualdad de todo ciudadano frente a la Ley.

Todos somos iguales ante la Ley, al menos eso dice la Constitución en su artículo 14, en clara concordancia con el artículo 9 y el 1 de la misma, aunque visto lo visto, algunos somos más iguales que otros. Lo cierto es que aunque en abstracto toda la ciudadanía deba tener el mismo tratamiento por la Ley, muchas veces esto no ocurre debido a los vicios y virtudes de las personas que actúan como agentes del Estado y que eventualmente aplican o ejecutan la Ley.

Este principio se ha visto mancillado desde su propia instauración, ya que está en continua tensión por quienes históricamente detentaron privilegios hoy incompatibles con la democracia y el Estado de Derecho. A veces la Ley se imponía satisfactoriamente, pero hemos visto cómo muchas otras ni siquiera ocurre, o como otras recibimos vergonzosas lecciones de arbitrariedad, como cuando Abogacía del Estado, como acusación en el Caso Nóos, en representación de la Agencia Tributaria dijo que eso de que “Hacienda somos todos” es más un eslogan que una realidad práctica.

No obstante, en España damos un paso más.

La propia Constitución dice que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Un profesor de Derecho Constitucional una vez me dijo que la Constitución nunca se incumple a sí misma, y que sólo exceptúa sus propios preceptos. Pero cabe preguntarse si caben excepciones al principio de igualdad frente a la Ley manifestadas en forma de absoluta impunidad en un Estado de Derecho, añadiendo también la prevalencia del varón frente a la mujer en la sucesión a la Corona.

Y suma y sigue, ya que a la inmunidad legal hay que poner la adenda de la irresponsabilidad política, que aunque teóricamente sea imputable al presidente del Gobierno, ya que éste refrenda los actos del Rey, en la práctica jamás se han derivado responsabilidades políticas de los desmanes de nuestro emérito monarca, Juan Carlos I. El máximo representante de España en el exterior no está sometido a responsabilidad de ningún tipo, pudiendo dañar la imagen del Estado sin que nada se pueda hacer al respecto, más allá que iniciar el trámite agravado de reforma de la Constitución, es decir, el que requiere mayoría de 2/3, convocatoria de elecciones, nuevamente 2/3 de votos a favor del Congreso, y un referéndum vinculante.

Pese a todo esto, en España el republicanismo sigue siendo cosa de una sola mitad. Y da pena salir cada año en manifestación y ver cómo un sector de la izquierda ha monopolizado el sentimiento republicano, transformando lo que debería ser una reivindicación de futuro en el nostálgico recuerdo de un pasado idílico, porque la memoria y su subjetividad de los herederos de los bandos han desplazado en gran parte la objetividad tanto de una institución jurídica y como de una fase tan importante de la Historia de España como fue la II República.

Con esto siempre recuerdo las palabras de Eduardo Galeano, y exportándolas a nuestro caso me pregunto, ¿para qué sirve el recuerdo del 14 de abril? Para seguir caminando a una democracia basada en la responsabilidad de nuestros representantes, y un auténtico Estado de Derecho, es decir, una República.