“Es cuestión de analizar el posible e hipotético comportamiento poco ético y moral de algunos”

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Lo grave no es que se haya rechazado por los representantes de la ciudadanía la creación de la comisión de investigación sobre unos hechos que sucedieron hace ya varios años; lo más insultante, además de indecente, es que durante décadas haya estado en el limbo la cuestión de la creación de un grupo presuntamente terrorista y por ende, la falta de responsabilidad del creador o creadores. Eso en un Estado de Derecho, como se supone es nuestro país, no es de recibo.

¿Qué el citado grupo terrorista se dedicaba a reprimir, dicho en plan suave y con vaselina, a los terroristas genuinos? Ese argumento es una auténtica falacia, cuando no una aberración. Es el mismo argumento, trasladado a los términos adecuados, que utilizan los defensores de la pena de muerte. Matar legalmente a un asesino confeso es un crimen; eso sí, en ese caso con el matiz de que es un crimen “legal”.

Habría un agravante que añadir al rechazo de la tramitación por la Mesa del Congreso, de la comisión de investigación sobre las posibles relaciones entre Felipe González y los GAL. El agravante en cuestión es que los letrados del Congreso, avalaban la creación de la comisión que solicitaban todos los grupos parlamentarios a excepción de PSOE, PP y VOX. Dicho para que se entienda: que los juristas del Congreso de los Diputados, los responsables de informar de la legalidad de las peticiones presentadas, habían informado de forma positiva la creación de esa Comisión de Investigación sobre los GAL.

Y no es cuestión de condenar o no; es cuestión de analizar el posible e hipotético comportamiento poco ético y moral de algunos. Cuando se ponen trabas a esas comisiones que pretenden esclarecer hechos turbios, lo único que se hace es pisotear los cimientos del Estado de Derecho. Quizás no sea el momento más oportuno, o al menos ya no tiene trascendencia alguna, recordar cómo don Felipe González no tuvo la valentía de dar la cara por un ministro y un Secretario de Estado que lucharon, puede que ilegal y hasta equivocadamente, al menos eso fue lo que dictaminó el tribunal juzgador, por las libertades ciudadanas frente a la dictadura del terrorismo. Incluso se podría entender que la democracia española tuviera, en esos momentos, necesidad de utilizar todos los medios a su alcance para derrotar al terrorismo etarra. Pero de ahí, a consolidar la ausencia de responsabilidades, que en todo caso serían políticas y además de un ex presidente que ya no tiene relevancia en el panorama político nacional… amén de la posible prescripción penal de los hechos.

Se podría plantear la cuestión de por qué ha sido rechazada con el acuerdo de determinados partidos del arco parlamentario. Los ciudadanos tienen derecho a pensar que la respuesta pudiera estar encuadrada dentro de los intereses partidistas para que no se levante la veda contra los actos de dudosa legalidad perpetrados por los distintos gobiernos. O pudiera ser que la frontera se difumina cuando prima el interés del estado por encima de los derechos humanos.

Por supuesto que todo lo expuesto no exonera a los etarras de su culpabilidad alevosa, premeditada, con ensañamiento y todos los agravantes que estén recogidos en nuestro Código Penal, pero un Estado de Derecho tiene que respetar la ley. Y aplicarla con todo el rigor a los que la infrinjan.

En el posterior periplo de don Felipe ni siquiera entramos, cada cual allá con su conciencia. Lo de pretender dar lecciones de moralidad a estas alturas, es harina de otro costal. O como decía aquél veterano político: “las lecciones de democracia las admito de 8 a 9”.