Junta defiende el protocolo contra la ciberdelincuencia de género como un paso más contra el terrorismo machista

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La delegada de la Junta en Jaén, Ana Cobo, ha presentado el primer protocolo institucional en España ante la violencia de género en las redes sociales que ha elaborado la Junta de Andalucía y que constituye, según la delegada, “una muestra más del trabajo diario y constante que realiza la Junta contra el terrorismo machista”

Andalucía será la primera comunidad autónoma en aplicar en España un protocolo institucional contra la ciberdelincuencia de género, un fenómeno en auge por el aumento de las relaciones a través de internet y las redes sociales.

Así lo ha destacado la delegada, que ha presentado el protocolo acompañada de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Beatriz Martín. “Persigue ofrecer al equipo de profesionales del IAM las herramientas y pautas necesarias para atender de manera adecuada a las víctimas que acuden a la red del Instituto y que en algún momento del proceso de atención presentan síntomas de sufrir violencia de género a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, ha explicado Cobo.

El protocolo hará frente a un tipo de violencia que se manifiesta cada vez más a través de los canales de relación y comunicación utilizados por la juventud y que ha generado riesgos específicos como la multiplicación de sus efectos por la capacidad de difusión, repetición y viralidad; el mayor anonimato del agresor; la posibilidad de que se dé una suma de maltratadores; la continuidad en el tiempo; la ilimitada exhibición de la intimidad; las posibilidades de suplantación de la personalidad de la víctima, o la facilidad para el control permanente a través de medios como geolocalizadores, estado online o seguimiento de conexiones.

“Esta iniciativa constituye una muestra más de que el Gobierno andaluz no escatimas medios ni esfuerzos por adaptamos a las nuevas realidades de la violencia de género, que lejos de extinguirse va mutando y se va desarrollando por nuevas vías, como son las nuevas tecnologías”, ha señalado la delegada. En la misma línea se ha pronunciado la coordinadora del IAM, que ha abogado por la implicación de toda la sociedad para luchar contra esta lacra social.

En el documento se define ciberdelincuencia de género como toda aquella violencia contra las mujeres que se lleva a cabo a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), principalmente por revelación de secretos, injurias y calumnias, trato denigrante, difusión de imágenes, usurpación de identidad, acoso sexual de menores (grooming), amenazas, coacciones y extorsión sexual.

En el marco de las pautas para la detección y actuación ante cualquier señal de alarma relacionada con estos riesgos, el protocolo establece medidas que pueden aplicarse en cualquiera de las fases del proceso de atención a la víctima.

Según marca el documento, el área social del IAM valorará las redes sociales en las que intervienen tanto el agresor como la víctima, con el fin de evaluar el impacto sobre su vida y sobre las de los menores a su cargo y familiares. El área de atención psicológica será la máxima responsable de la recogida completa del relato, ya que es en este ámbito en el que mejor se pueden detectar los ataques a través de las TICs y donde se evalúan las consecuencias.

Una vez recogida toda la información, se elaborará un diagnóstico y una planificación donde se valorará la conveniencia de seguir pautas de seguridad informática y, en coordinación con el área jurídica, las medidas legales necesarias. Asimismo, se incluye la adopción de estrategias terapéuticas para paliar los efectos del acoso y de las crisis de reputación, así como para dar el apoyo necesario durante la exposición gráfica de las pruebas electrónicas en el procedimiento judicial.

El protocolo subraya la importancia de la prueba electrónica en la denuncia y en todo el proceso judicial. En este sentido, dedica un amplio apartado a las pautas que se deben dar a la usuaria para garantizar su seguridad informática y para recabar las pruebas que puedan servir en un juicio, como imágenes, vídeos, capturas de pantalla o whatsaps.

Finalmente, el protocolo recoge los principales signos de alarma para detectar la ciberdelincuencia de género, que deben tener en cuenta tanto la víctima como el equipo profesional que la atiende.