La Junta critica la injusticia de los aranceles impuestos por EEUU a la aceituna negra

El consejero de Agricultura, que se ha reunido con el sector, cree que estas tasas “prejuzgan la cuestión” y cuestionan el sistema de incentivos de la PAC

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Reunión-Asemesa

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha reiterado que las ayudas que recibe el sector de la aceituna negra de mesa son “completamente legales”, de ahí que la imposición de aranceles extraordinarios por parte de EEUU a empresas andaluzas que exportan este producto es “una absoluta injusticia”. Así se lo ha transmitido a Carlos Camacho, presidente de la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) y de la compañía Aceitunas Camacho, en la reunión mantenida esta tarde para analizar la situación del sector y en la que también le ha hecho llegar el “respaldo expreso” de la Junta de Andalucía en un litigio que no se resolverá por completo hasta el próximo mes de julio.

Sánchez Haro ha detallado que ahora se van a analizar las medidas tomadas por EEUU y sus posibles consecuencias “de forma coordinada entre la Junta, el Gobierno de España, la Comisión Europea y el propio sector”. Estas medidas no son todavía definitivas (aunque las empresas tendrán que afrontar estos sobrecostes ya desde la semana que viene), por lo que “todavía hay margen de maniobra”. A su juicio, si bien los aranceles aplicados no son elevados, “prejuzgan la cuestión y podrían estar poniendo en entredicho el sistema europeo de ayudas”, con lo que estaría en entredicho la propia Política Agraria Común (PAC) comunitaria.

El consejero ha recordado que las ayudas de la PAC son desvinculadas de la producción y no específicas al sector, “por lo que no se producen las distorsiones al comercio” que han denunciado dos empresas californianas productoras de aceituna negra. Estos incentivos son de la llamada Caja Verde, como los que se otorgan en muchos otros países (incluido EEUU) y están avalados por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Nosotros defendemos estas ayudas y hemos aportado toda la documentación para demostrar que son ajustadas a derecho”, ha señalado, al tiempo que destacaba que desde la Junta “se está haciendo un trabajo ingente. Tenemos un equipo de alto nivel en la Consejería trabajando en este asunto, preparando una cantidad de documentación importante, de muchísimos años, estamos hablando de que se pide documentación anterior los años 90, y toda esa información hay que depurarla, tratarla y trabajarla muy bien y lo estamos haciendo coordinadamente con las empresas”.

El consejero ha expresado su confianza en que “el buen trabajo de coordinación” que se está llevando a cabo dé finalmente sus frutos: “Primero porque tenemos razón, y segundo porque consideramos que lo que intentan las empresas estadounidenses es aprovechar una ventaja competitiva que puede darse si se establecen aranceles como en este caso a nuestras empresas”.

En este conflicto, ha recordado también, “contamos con el apoyo expreso de la Comisión Europea y de todos sus Estados miembro”, como se puso de manifiesto en el anterior Consejo de Ministerios de Agricultura y como han transmitido también las autoridades comunitarias a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la visita institucional que está realizado a Bruselas. Asimismo, ha anunciado que el próximo 4 de diciembre tendrá lugar una reunión en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, por lo que confía en que “el trabajo conjunto del sector y de las tres Administraciones tenga frutos positivos y el resultado haga justicia a la realidad de unas ayudas legales”.

En el encuentro mantenido esta tarde han estado también presentes el viceconsejero, Ricardo Domínguez, y el secretario general de Agricultura y Alimentación, Rafael Peral. Por parte del sector han acudido asimismo el secretario general de Asemesa, Antonio de Mora, y responsables de otras de las dos empresas más directamente afectadas, José Ignacio Montaño de Agrosevilla y Francisco Escalante de Aceitunas Guadalquivir.

El litigio se inició después de que dos empresas de EEUU solicitaran en junio que se impusieran derechos antidumping y antisubvención cuya aplicación supondría en la práctica el cierre de este mercado para las aceitunas negras andaluzas. Esta medida podría prolongarse durante cinco años, con una pérdida estimada de 350 millones de euros, cantidad que se duplicaría hasta alcanzar los 700 millones de euros si hubiese una prórroga y el cierre se extendiera durante un segundo lustro.

Las exportaciones de aceituna negra de España a EEUU suponen un 36% en volumen, con 32.000 toneladas en 2016 y un valor de 70 millones de euros al año. Se da además la circunstancia de que este producto ya cuenta con los aranceles más altos para la entrada en EEUU, además de obras barreras no arancelarias.

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