La Junta informa al Ayuntamiento del procedimiento a seguir para valorar y evitar situaciones de riesgo para la salud pública

La Dirección General de Relaciones Laborales insta a Limasa y al comité de huelga a un mayor control y supervisión de los servicios mínimos

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Andalucía al Día, Limasa Huelga

La Dirección General de Salud Pública comunicó el pasado 4 de marzo al Ayuntamiento de Málaga el procedimiento a seguir en la ciudad para valorar y evitar posibles situaciones de riesgo para la salubridad pública debido a la huelga de Limasa. En dicho escrito remitido se informó del esquema de valoración de riesgo y modelo de informe técnico-sanitario de aplicación en la comunidad autónoma andaluza.

Es el Ayuntamiento de la ciudad, en base a esta valoración que realicen los inspectores municipales, quien debe determinar si existe riesgo para la salud pública y quien debe tomar las medidas oportunas si fuera necesario, ya que tiene atribuidas las competencias en esta materia.

Mayor control y supervisión de los servicios mínimos

Por otra parte, la Dirección General de Relaciones Laborales de la Consejería de Economía ha instado a la empresa Limasa y al comité de huelga a un mayor control y supervisión para el eficaz cumplimiento de los servicios mínimos decretados ante la convocatoria de huelga de limpieza en la ciudad de Málaga.

En un escrito de contestación a la petición del incremento de los servicios mínimos, comunicado ayer a la empresa, la Dirección General de Relaciones Laborales señala que el establecimiento de los servicios mínimos fijados “se ha basado en los numerosos precedentes administrativos de regulación de servicios mínimos en supuestos similares”, entre los que destacan resoluciones en anteriores huelgas en Sevilla y Málaga.

En este sentido, recuerda que en el caso de Sevilla hubo autos dictados por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fechas 1.2.2013, 4.2.2013 y 6.2.2013, y en concreto en este último indicaba que: «El treinta por ciento en talleres y cincuenta por ciento en recogida de residuos es la cifra que mejor respeta la proporcio-nalidad debida….».

El escrito de contestación de la Dirección General señala que “en todo caso, es evidente que tan importante como establecer una adecuada regulación de los servicios mínimos es la supervisión del cumplimiento de los mismos. Igualmente, la organización del trabajo debe garantizar una equilibrada distribución de los porcentajes del servicio a prestar entre los distintos lugares afectados por la huelga”.

“Todo ello es labor que corresponde a la empresa, con la participación del comité de huelga, sin olvidar que la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos es un servicio municipal. Por estos motivos se establecen los servicios mínimos que constan en el Anexo de esta Resolución, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo ejercicio de la huelga […]”

“Debemos tener en cuenta además, que la empresa solicita la ampliación de los servicios mínimos el día 3 de marzo, es decir cuando apenas acababa de comenzar la huelga, y que se reconoce que existe causalidad entre las averías de los vehículos motorizados con el cumplimiento de los servicios mínimos, siendo total responsabilidad de la empresa el dotarse de los medios técnicos adecuados para el cumplimiento de la labor que tiene encomendada”.

“Por tanto la solución del problema no está en la ampliación de los servicios mínimos establecidos sino en que se vigile su cumplimiento”.

El escrito señala también que “el cumplimiento de los servicios mínimos corresponde al propio empresario, a los sujetos colectivos de representación de los trabajadores que hayan convocado la huelga y a los propios trabajadores participantes en la misma. Por tanto, si se considerara que el incumplimiento de los servicios mínimos se debe a conductas que perturban su funcionamiento, con trasgresión de la buena fe contractual, deberá el empleador ejercer las acciones disciplinarias que estime conveniente en uso de su poder de dirección y control de la actividad laboral, según establece el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores”.

En este sentido, en la Resolución de esta Dirección General de 24 de febrero de 2016, reguladora de los servicios mínimos literalmente se establece:
“Corresponde a la empresa, con la participación del comité de huelga, la facultad de designar a las personas trabajadoras que deban efectuar los servicios mínimos, velar por el cumplimiento de los mismos, la organización del trabajo correspondiente a cada una de ellas, así como velar para que el porcentaje de los servicios mínimos establecidos esté proporcionalmente repartido en todo la localidad, sin perjuicio del ejercicio de la correspondiente competencia del Ayuntamiento como titular del servicio municipal”.

El escrito de la Dirección General concluye que “por todo lo anterior, actualmente y con los datos suministrados por la empresa no parece que lo adecuado sea resolver acordando un incremento de los servicios mínimos establecidos, sino que lo que procede es un mayor control y supervisión de sus cumplimiento”.