La lata de anchoas

672

JUZGAN A DOS ANCIANOS, CARMEN DE 92 AÑOS Y URBANO DE 76, POR ROBAR UNA LATA DE ANCHOAS DE 1 EURO

Esta noticia no es más que una simple anécdota, eso sí, desgraciadamente con nombres y apellidos, que responden a dos personas con sentimientos, necesidades y, posiblemente, con muchos problemas.

No es cuestión de meter el dedo en la llaga para hacer daño, para ahondar en la herida, tan sólo es la hora de parar, reflexionar y buscar soluciones porque el problema de la Justicia en nuestro país podría estar enquistado y eso no es bueno, ni para los ciudadanos ni para el propio estamento.

La noticia anterior, no es una noticia cualquiera, es el reflejo de una sociedad insolidaria, que margina a los que no tienen utilidad en términos productivos y que condena a la muerte social y a la soledad a nuestros mayores. Y lo peor, y aquí se pisa terreno resbaladizo, es lo que puede significar de pérdida de credibilidad del sistema. Las opiniones del magistrado del Tribunal Supremo sobre que “hay una justicia para ricos y otra para los robagallinas” y la que en su día expresó un ex alcalde andaluz sobre de que “la justicia es un cachondeo”, opiniones sobre las que no nos posicionamos, pone en el brete la confianza de los ciudadanos en el sistema.

Los últimos acontecimientos de condenas con toda seguridad fundadas, razonadas y ajustadas a la ley, no hacen ningún favor al sistema judicial. Los ciudadanos ven, y es inevitable, cómo personas muy destacadas del panorama social español, que debieran tener un comportamiento ejemplar, son juzgadas precisamente por lo contrario. Y era vox populi, las sentencias livianas que han recaído sobre los infractores, delincuentes o como sea que se puedan calificar, han causado auténtica vergüenza social a pesar de ser esperadas. Todo ello sin que se ponga en duda por el autor la profesionalidad y el rigor de los magistrados.

Cuando un ciudadano de a pié contempla que a un personaje de la alta sociedad, declarado culpable de haber cogido ilegalmente cientos de millones, se le pone la misma condena que a un delincuente, por muy reincidente que sea e incardinado en una organización criminal que esté, algo choca, de forma automática a los ciudadanos.

Cuando a una persona que ha hecho lo mismo que hizo una tonadillera se le absuelve, en tanto que a la tonadillera se le condenó y se le recluyó en la cárcel, algo no cuadra a la ciudadanía y surgen las dudas sobre la justicia de la Ley.

Cuando hay tanto presunto delincuente (todavía inexplicablemente para la opinión pública están pendientes de juicio), en algunos casos con acusaciones de haber “transferido” a sus cuentas miles de millones en tanto que alguien por mucho menos ingresa en prisión, algo choca en la mente de la ciudadanía. Mucho más cuando (sin que esto deje de ser una anécdota más, una desvergonzada anécdota) la señora del ex honorable fue pillada in fraganti por los micrófonos de la prensa diciendo a su esposo que “tranquilo que esto son diez días y luego todo se olvida”. Ese es el problema: la sensación de impunidad de los poderosos que constatan los ciudadanos de este país.

Está en juego el prestigio del Sistema Judicial y con él, el de la democracia. Quizás la clase política, que es la que tiene los mecanismos en sus manos, no se haya percatado de la gravedad del asunto; o no haya querido verla, lo que sería aún más peligroso.