Libertad política y sindical de Jueces, Magistrados y Fiscales

«Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos.» Artículo 127 CE

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Foto Europa Press

Así, con esa redacción, regula la Constitución española una incompatibilidad con la labor jurisdiccional que persigue la independencia judicial, y avanzo que en mi opinión lo hace de una forma excesivamente superficial, y puede ser incluso una falta de respeto a los Jueces, Magistrados y Fiscales. Curiosamente, es la única incompatibilidad recogida en la Constitución, todas las demás están reservadas a la ley.

A la hora de restringir un derecho, más aún dos derechos fundamentales como son los que nos ocupan, es necesaria la concurrencia de una causa justificante objetiva. Por ello es lícito hacerse las siguientes preguntas: ¿Militar en un partido político o en un sindicato distorsiona la comprensión de la ley? y ¿Militar en un partido o sindicato predispone a cometer un delito de prevaricación judicial (vid. art. 446 CP)? Si llegamos a una conclusión afirmativa, tenemos un problema, no solo por lo profundamente antidemocrático que resulta, también por lo incoherente que sería permitir este tipo de pertenencia, por ejemplo, a un policía o a un abogado del Estado. Si establecemos que no, entonces ¿por qué limitar los derechos políticos y sindicales de jueces y fiscales?

A los jueces les encomendamos la delicada tarea de administrar justicia, y a los fiscales la de tutelar ciertos derechos. Exigimos de sus cuerpos profesionales una pulcritud máxima (y hay que hacerlo), un cuidado quirúrgico en sus tareas, porque son el último bastión de los desheredados, y sin ellos se desplomaría todo nuestro sistema. Si creemos que eso es incompatible con la militancia política o sindical, pero en cambio creemos que, como decía antes, un abogado del Estado sí puede ejercer esos derechos, si creemos que cualquier ciudadano puede, y que de hecho es algo importantísimo para el Estado, estamos declarando implícitamente que los jueces y fiscales son ciudadanos desmerecedores de nuestra confianza por el pago mensual, trimestral o semestral a una organización.

Mirando la vista atrás, durante la redacción de la Constitución, los grupos socialista, catalán, vasco y comunista mantuvieron argumentaciones muy reticentes a prohibir a jueces, magistrados y fiscales la militancia en partidos y sindicatos, con Alianza Popular y la UCD en contra. Puede que sea pura casualidad, pero sólo lo apoyaron los únicos dos partidos que no habían tenido que militar en la clandestinidad durante el franquismo.

Es preocupante que la independencia judicial se trate de una manera tan simplificadora y reduccionista, restringiendo derechos políticos y sindicales a los jueces y fiscales sin una justificación objetiva relevante. Prohibiendo legalmente la participación activa en política, y el ejercicio de cargos orgánicos y públicos por parte de Jueces, Magistrados y Fiscales, estableciendo definiciones como la de “actividad política”. Dentro de los derechos sindicales, parece ciertamente un ataque a la inteligencia la existencia de asociaciones profesionales, que sirven básicamente para defender de manera colectiva sus derechos laborales, y a canalizar ciertos posicionamientos, pero diantre, no los llamemos sindicatos, no vaya a ser que un día quieran hacer huelga, cuestión sin resolver, y que necesita de una aclaración, quizá a través de una valiente ley del derecho de huelga.

Esta regulación nos lleva a una situación anómala protagonizada por la inseguridad jurídica: el Consejo General del Poder Judicial aparta del Poder Judicial a Santiago Vidal por participar en la redacción de un proyecto de constitución para una Catalunya independiente. Este ha sido el primer caso de un juez apartado por su actividad política en España, y precisamente por este precedente se pueden sembrar dudas sobre la utilización instrumental del precepto. Ahora bien, tenemos que decidir: ¿queremos un modelo en el que los Jueces sean monjes; o un modelo abierto en el que los Jueces, Magistrados y Fiscales no tengan que militar “clandestinamente” en una sociedad en la que todos conocemos su adscripción ideológica, e incluso su cercanía a partidos?

Yo prefiero la opción B.