De Llera resalta el papel fundamental de la abogacía para que la Justicia ofrezca “un mejor servicio público a la ciudadanía”

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Foto Europa Press

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha resaltado hoy en la clausura del Máster en Abogacía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) el papel tan importante que desempeña la abogacía como interlocutora dentro del proceso de transformación de la Justicia con vistas a ofrecer un mejor servicio público a la ciudadanía.

“Se está produciendo un cambio en la visión que nuestra sociedad tiene sobre el papel del abogado, al que ya no se percibe como un profesional que simplemente pleitea, sino como un profesional que ayuda a los ciudadanos a resolver sus problemas, basándose en la ética, la profesionalidad y el compromiso”, ha precisado De Llera.

Además, en su intervención el consejero ha subrayado que el trabajo y la implicación de los abogados resulta “fundamental” para garantizar el derecho de la ciudadanía con menos recursos económicos a la asistencia jurídica gratuita.

De Llera ha señalado al respecto que la colaboración entre la Junta de Andalucía y los colegios de abogados y procuradores permite ofrecer a la ciudadanía “un servicio básico”, que garantiza la tutela judicial efectiva a todas las personas, con independencia de sus ingresos económicos.

La asistencia jurídica gratuita la prestan en Andalucía más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000) y de ella se benefician más de 300.000 personas cada año. La Junta financia los gastos que genera el turno de oficio, la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los que genera la representación que realizan los procuradores.

El titular de Justicia e Interior ha destacado, igualmente, la labor que puede realizar la abogacía en la exploración e impulso de nuevos caminos que satisfagan las demandas de la ciudadanía, como es el de la mediación, que facilita la resolución de conflictos sin necesidad de llegar a juicio.

Según De Llera, la participación directa de la ciudadanía en la solución de sus controversias permite reducir la excesiva judicialización de los conflictos y, de paso, la sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales.