López anuncia un plan integral para mejorar la gestión del Parque Público de Viviendas y reforzar su función social

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Andalucía al Día, Felipe Lopez
Foto Europa Press

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha informado hoy sobre las medidas estratégicas en las que su departamento está trabajando para la mejora de la gestión del Parque Público de Viviendas de Andalucía y ha anuncio el impulso de un plan integral destinado a reforzar su función social y a dar cobertura a sectores de la población con unas condiciones socioeconómicas más desfavorables.

López ha hecho una descripción de este parque residencial, compuesto por 84.343 inmuebles y que proporciona alojamiento a más de 350.000 personas, “a quienes ofrecemos un servicio público de primer orden perfectamente equiparable a otros como la Educación y la Sanidad”, ha dicho. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) es la encargada de gestionarlo desde un punto de vista integral, que incluye la labor administrativa, la reparación y mantenimiento de los edificios y viviendas, así como un trabajo de integración social y ciudadana de los vecinos residentes.

Por provincias, Sevilla, con casi 22.000 pisos, y Cádiz, con algo más de 16.000 inmuebles, son las que más volumen registran. Las provincias de Córdoba, Huelva y Málaga tienen un patrimonio que oscila entre las 8.000 y las 9.000 viviendas. Por su parte, Granada identifica en su parque residencial más de 7.700 viviendas públicas, Jaén más de 6.700, y Almería algo más de 5.000. En los diez últimos años, la Junta de Andalucía ha invertido cerca de 350 millones de euros en rehabilitar su patrimonio residencial disperso por toda la geografía andaluza, mediante actuaciones encaminadas a mejorar el estado de los edificios, reparando las cubiertas y fachadas, remodelando las redes de saneamiento de agua y suministro de luz, mejorando la accesibilidad, etc.

No obstante, el consejero ha reconocido que “los retos siguen siendo muchos y la gestión del parque público es desde luego mejorable, siempre con el objetivo prioritario de dar acceso a la vivienda al sector de la población con mayores necesidades, y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que ya lo habitan”. Por ello, y en aras de alcanzar ese objetivo, ha avanzado que “desde el inicio de esta legislatura venimos trabajando en el diseño e implementación de una estrategia de gestión, con diferentes medidas que tienen el objetivo común de mejorar la gestión del parque público de viviendas y adaptar la Administración a una realidad social y económica sin precedentes conocidos”.

Estas medidas están orientadas, en primer lugar, al sostenimiento económico del parque público residencial, para lo cual se está actuando en diversos frentes, reforzando las acciones frente a la morosidad, impulsando el plan de ventas o haciendo un seguimiento más estricto de los convenios con ayuntamientos, entre otras. Como siguiente paso, ha continuado, “hemos puesto en marcha un segundo bloque de medidas que garanticen la función social de la vivienda con medidas como la regularización de las viviendas, el impulso a los planes de gestión integral en los grupos de alta complejidad y la atención a los colectivos de especial protección”. Y en tercer lugar, ha anunciado que “nuestros esfuerzos se centrarán en la conservación y mantenimiento de los edificios, para lo cual implementaremos un plan plurianual con actuaciones concretas programadas, en las que será fundamental la participación de los propios ciudadanos”.

El consejero ha planteado la posibilidad de establecer convenios de colaboración con los ayuntamientos, “al objeto de que los mismos nos puedan ofrecer información relativa y necesaria sobre los arrendatarios, así como colaborar mediante sus partidas de emergencia social al abono de las rentas de aquellos ciudadanos que lo necesiten”. Una de las medidas de colaboración propuesta a los ayuntamientos donde la Junta tiene viviendas en alquiler es la bonificación del 95% del IBI para esos inmuebles, una decisión que, según ha explicado el consejero, “redundará en beneficio de los inquilinos, que son quienes tienen que hacer frente a ese impuesto municipal”.

Otra de las estrategias planteadas es impulsar un plan de venta de viviendas, con un objetivo fijado para los próximos cuatro años de 2.000 inmuebles, a través de los convenios de colaboración firmados entre AVRA y entidades financieras para ofrecer condiciones ventajosas que faciliten el acceso a la propiedad a los inquilinos interesados.

Función Social de la Vivienda

En cuanto al segundo bloque del plan integral, donde se enmarcan acciones encaminadas a garantizar la función social de la vivienda, el objetivo es que las viviendas sean habitadas por los legítimos adjudicatarios que cumplen con los requisitos establecidos para la que fueron construidas, y que cumplen además condiciones de habitabilidad adecuadas. Para conseguirlo, el consejero ha comentado que “las visitas diarias serían lo más eficaz, si bien esta verificación es compleja y llena de dificultades”, de ahí que a día de hoy se estén destinando a este fin los recursos humanos de AVRA, formados en todas las provincias, unidos a los recursos técnicos y materiales necesarios “que nos permiten verificar todas y cada una de las viviendas públicas al menos una vez al año”.

Según el consejero, otros pilares de este plan integral serán la atención especial a colectivos vulnerables y fomento de la convivencia intercultural y vecinal, la organización y mantenimiento de las comunidades de vecinos y la conservación de espacios lúdicos.

Conservación y mantenimiento

En cuanto al tercer objetivo, Felipe López ha anunciado que la Junta está trabajando en la elaboración de un Plan de Mejora y Mantenimiento del Parque Público Residencial. Se trata de un conjunto de acciones preventivas y correctivas e intervenciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas, “que aseguren y mantengan en todo momento las condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, salubridad y habitabilidad de todas las viviendas, y que garanticen el correcto mantenimiento y estado de conservación de los inmuebles”.

Este Plan, cuya vigencia se extenderá durante los próximos 15 años, será financiado con fondos propios de la Agencia, en parte con los ingresos que genera la administración del parque de vivienda pública. No obstante, el consejero ha expresado su confianza en “contar también con fondos del Estado y de la Comunidad Europea”, fórmula de participación financiera que se vienen ejecutando, ha recordado, en las actuaciones de rehabilitación dentro de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), declaradas mediante convenios con el Estado. En estas zonas, ha subrayado que en los próximos meses se van a contratar obras para edificios con más de 6.600 viviendas, repartidos por las ocho provincias andaluzas, en los que se van a invertir 64 millones de euros.