Negocio público

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Imaginemos que para ser un poco imparciales, nos alejamos un poco a fin de obtener una mejor perspectiva de la realidad y nos dedicamos a observar, siempre en el tono más imparcial posible, el panorama de nuestra Andalucía. Es más, tal vez en un ejercicio de neutralidad suprema, alejada de cualquier posicionamiento sectario, podríamos consultar la visión del panorama que abarca nuestra vista con personas de nuestro entorno, por supuesto que ecuánimes en sus juicios y opiniones. La conclusión, en un porcentaje altísimo, sería la misma: ¡lo están volviendo a hacer!

Pero rebobinemos un poco y centremos la acción, o la reflexión más bien. Hace no mucho tiempo, algo más de un año, la oposición por entonces en Andalucía, criticaba a doña Susana Díaz, personaje políticamente neutro para muchos observadores, que la Sanidad en Andalucía era un desastre. Y al decir la oposición de aquellos momentos nos referimos al PP, puesto que por entonces Ciudadanos, el partido que lidera el sanluqueño don Juan Marín, era socio de Gobierno, al menos la apoyaban día sí y día también en el Parlamento Andaluz, o sea que algo de responsabilidad tendrían los del partido naranja.

Una vez hechas las dos anteriores reflexiones, podemos entrar en materia. Y básicamente, el razonamiento es que cuando la política se convierte en una fuente de ingresos para empresarios privados, algo deja de funcionar en la “res publica”, porque se soslayan, en buena lógica, los intereses de los ciudadanos. No olvidemos este primer punto cuando lleguemos a las conclusiones finales.

Debemos tener presente que un gobierno, cualquier gobierno en cualquier cuadrante del mundo mundial, utiliza para gobernar el dinero que recauda, directa o indirectamente, de los ciudadanos, o sea de los curritos de turno, más claramente, cuando vacían nuestros bolsillos o los exprimen hasta límites cuasi inaguantables. Este sería un segundo punto a tener en cuenta para las conclusiones.

Llegados a este punto, surge una pregunta ¿es lícito destrozar los servicios públicos para justificar la privatizaciones? Porque si lo están haciendo por incapacidad, o sea, porque son unos ineptos, mejor que dejen a otros que sean capaces de gestionar decentemente los dineros públicos, y si lo hacen a conciencia, sería cuestión de que la oposición actual, PSOE y PODEMOS, denunciaran la cuestión en los tribunales.

Y es que en nuestra tierra, nuestra sabia y vilipendiada Andalucía que unos y otros se empeñan en seguir hundiendo en el lodazal, no merece tener unos políticos que no llegan siquiera a ser de medio pelo y que lo único que están haciendo es destrozar los servicios que medio funcionaban. En la sanidad, por ejemplo, y es un simple ejemplo, se ha pasado de tres meses de espera para entrar en quirófano a seis en la actualidad. Claro que si se acepta ir a resolver el problema en una clínica privada, la solución es inmediata que para eso el gobierno del Sr Moreno Bonilla dedicó algo más de 300 millones de euros creo recordar, (dinero nuestro, de los ciudadanos andaluces, no lo olvidemos), aunque admito que podría equivocarme en la cifra, para “dinamizar” las listas de espera, ¡toma del frasco Carrasco! Otro ejemplo también el sector sanitario: el tiempo de espera de las citas para el médico de cabecera o de familia, como se prefiera denominar, ha pasado de una semana a dos semanas o… Otro ejemplo: el de la subasta de medicamentos, ese caballo de batalla que los conservadores andaluces traían, con toda la razón dicho sea de paso, cuando en San Telmo estaba la Sra. Díaz: después de un año de gobierno conservador, las subastas de medicamentos se siguen haciendo y con ellas los “genéricos”. Según un farmacéutico amiguete del que escribe, “los principios activos no son, ni de lejos, los que corresponden a la formulación”, eso me dijo en privado mi amigo boticario hace algo más de dos años. Pues seguimos soportando los productos genéricos en las recetas que nos expide el médico de cabecera, y sufriendo las consecuencias en los deficientes resultados de esos genéricos.

Cualquier andaluz de a pie, sobre todo los que leían el panfleto grapado de edición diaria que ya no compran ni los bares, podían ver la escandalera que montaba este, diremos periódico, cuando llegaba el verano y se cerraba un ala de algún hospital. Ahora no es necesario que se acerquen las calores: día sí y día también, se cierran servicios de hospitales, y no de uno sino de varios hospitales de Andalucía. Para más inri nos encontramos con una novedad en la gestión gloriosa de ese médico defensor de la sanidad privada metido a Consejero de nuestro Gobierno Andaluz: estas navidades se han cerrado ambulatorios completos. ¿El motivo? La falta de personal sanitario. Y lo dice sin sonrojarse. Lo que oculta es que el gobierno del Sr. Moreno Bonilla, cuando llegó a San Telmo, paralizó TODAS las oposiciones de la administración autonómica. Por supuesto que también las correspondientes a la rama sanitaria. De la gestión, por decirlo para que se entienda, de la listeriosis, ni hablamos y de la falsa listeriosis que ha arruinado a varias empresas andaluzas, tampoco hablaremos.

Cabe, en este preciso momento, plantear una cuestión: ¿Es imprescindible perjudicar a los ciudadanos para que el sector privado saque tajada? No es cuestión de alinearse con una posición defensora de la gestión privada de lo público (un auténtico galimatías que ni siquiera los defensores de lo privado entienden) o de la gestión pública de lo público, valga la reiteración. La cuestión es si es lícito provocar la putrefacción de los servicios para que los ciudadanos nos veamos obligados a decir que la sanidad privada funciona mejor.

Si lo que se pretende es que los amiguetes ganen dinero prestando servicios que hasta ahora se han venido prestando en la sanidad pública y que, además de más baratos, son de más calidad, sería cuestión de decirlo a cara descubierta y sin ocultar ases en la manga. Claro que es complicado justificar que los dineros de los ciudadanos vayan a parar a los bolsillos de la iniciativa privada porque así lo han acordado unos señores elegidos, democráticamente, por los propios ciudadanos. En el fondo subyace el problema que en su día decíamos en el artículo https://andaluciaaldia.es/defensores-de-lo-privado.

Resumiremos todos los argumentos esgrimidos: no es ilegal, pero al menos, y en esto coincidiremos todos, la licitud, o si se prefiere, la ética de estos comportamientos, es como mínimo dudosa.

José Campanario

PD: En cuanto tengamos más datos analizaremos otro sector: la educación.