Programas electorales vinculantes

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Andalucía al Día, IU-Podemos
Foto Europa Press

PODEMOS e IU proponen en su preacuerdo electoral conjunto una medida de control al cumplimiento de los programas electorales con los que los partidos concurren a las elecciones generales. Esta medida encuentra sentido en nuestro contexto político actual tras comprobar como en esta legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy ha tomado medidas absolutamente contrarias al programa electoral con el que el Partido Popular se presentó en 2011, amparándose en un supuesto falseamiento de las cuentas del déficit público del Estado español por el anterior ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. La mentira, aparentemente no había sido tal, y una importante subida del déficit se debió a 3 comunidades gobernadas por el Partido Popular, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León, en cambio otras como el Principado de Asturias o Euskadi habían mejorado en relación a los objetivos de déficit marcados.

Ya en 2012 el Partido Socialista celebra una Conferencia Política en la que se proponía la vinculación de los gobiernos a los programas electorales con los que se presentaban, aunque las fórmulas quedaban por ser concretadas. Esa medida también fue propuesta por Ciudadanos el 20-D, y se incluyó en el pacto que la fuerza liberal mantuvo con el PSOE. Los principales partidos del cambio, PSOE, C’s y Podemos creían que esto era necesario.

Lo cutre es que realmente sea necesario. Que en España se nos tenga que obligar a cumplir con aquello por lo que se nos votó es vergonzoso.

Asumiendo así los pormenores de nuestra esencia mediterránea, estas medidas tienen sentido y posiblemente sean necesarias de cara a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Pero tampoco deberíamos caer en apriorismos, porque no toda iniciativa encaminada a generar esta relación obligatoria entre programa y gobierno tiene por qué ser necesariamente buena.

La propuesta que IU y Podemos ponen encima de la mesa consiste en que 158 diputados y un 15% del censo electoral puedan convocar un referéndum revocatorio que someta a la ciudadanía la continuidad del gobierno al que se censura.

Vamos por partes.

Lo primero es la convocatoria del referéndum. Esta convocatoria innovadora tiene unas características concretas: Una naturaleza mixta entre democracia representativa y directa. Sobre la parte representativa, cabe preguntarse de dónde sale esa cifra concreta de 158. Las leyes españolas, incluida la constitución, siempre utilizan cantidades relativas, entre otras cosas porque el Congreso admite una configuración de entre 300 y 400 escaños, actualmente fijado en 350. Hasta ahora nuestras mayorías parlamentarias eran la mayoría simple, mayoría absoluta, y dos mayorías especialmente reforzadas, tres quintos y dos tercios, reservadas para la reforma constitucional. Entonces, ¿a qué viene la cifra absoluta de 158? ¿Es arbitraria? No, equivale a un 45% del total de nuestro actual Congreso, y eso quiere decir que se establecería un procedimiento de revocación del ejecutivo distinto de la moción de censura, para la que se necesita una mayoría absoluta, además de una candidatura alternativa a la presidencia del gobierno, pero que puede ser iniciado por una minoría parlamentaria, ya que 158 votos a favor bien pueden tener en contra 192. Curiosa también esa naturaleza mixta por la que se necesita para la convocatoria un 15% del censo electoral que, tomando como referencia la población de derecho del 20-D, equivaldría a unas 55000 personas, lo que sí parece un poco arbitrario.

Pero me surge otra pregunta, y es, ¿qué faculta a 158 diputados/as previsiblemente de la oposición al gobierno para valorar el cumplimiento de un programa electoral? ¿No será un instrumento de desgaste político más que una herramienta funcional y eficiente de mejora de la democracia? ¿No sería mejor en este caso crear un organismo independiente a modo de ombudsman que en vez de vigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos vigilara el cumplimiento de los programas de gobierno de los ejecutivos? Y digo de gobierno y no electoral, porque ahora más que nunca veremos coaliciones multipartitas en las que la base de actuación política no será tanto la suma de los programas electorales sino el programa de gobierno expresado en el debate de investidura y al que la Cámara da su confianza.

Aunque también habría que valorar si cualquier mayoría en el referéndum sirve para revocar un gobierno con independencia de la participación, o si merece más la pena por evitar una instrumentalización partidista de la democracia directa dejar que todo el procedimiento se desarrolle en el Congreso de los Diputados, que hasta ahora representa al pueblo español.