Save the Children exige al próximo gobierno de la Junta priorizar los derechos de la infancia

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Save the Children exige al próximo gobierno de la Junta de Andalucía priorizar sin condiciones los derechos de la infancia en la próxima legislatura. Así lo ha manifestado la organización tras conocer el acuerdo de gobierno de 90 medidas entre PP y Ciudadanos, y tras hacerse público el acuerdo de investidura entre PP y VOX con 37 medidas.

Save the Children trasladó a los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria en la anterior legislatura lo que considera las prioridades de la infancia andaluza para que fuesen valoradas e incluidas en sus programas electorales por las diferentes formaciones que participaron en las elecciones autonómicas. La ONG recuerda que sus propuestas fueron incluidas en su totalidad en el programa electoral del PP y en gran medida en el de Ciudadanos, por lo que muestra su sorpresa al no ver incluidas en los acuerdos de gobierno prácticamente ninguna de estas propuestas.

Save the Children hace hincapié en la obligación de los poderes públicos de poner en marcha políticas sociales que respeten y garanticen los derechos de todos los niños y niñas que residan en Andalucía sin ningún tipo de discriminación. La ONG remarca, además, la importancia de la aplicación del principio de no discriminación en la igualdad de acceso a los derechos de todos los niños y niñas, y la necesidad de políticas específicas para eliminar las condiciones que llevan a la discriminación, tal y como establece el Comité de los Derechos del Niños de Naciones Unidas.

Con motivo de estos nuevos pactos, Save the Children ha analizado los documentos acordados entre PP-Ciudadanos y PP-Vox, prestando especial atención a las propuestas sobre pobreza infantil, educación, violencia contra la infancia, niños y niñas migrantes y cooperación al desarrollo.

Pobreza infantil

La pobreza infantil en Andalucía se está convirtiendo en un problema estructural que las políticas públicas no consiguen eliminar. El porcentaje de población andaluza menor de 18 años en situación de pobreza relativa en 2017 fue del 34,8%, frente al 28,3% a nivel estatal. Un total de 563.394 niños y niñas viven en riesgo de pobreza en Andalucía.

“Lamentamos que ninguno de los dos acuerdos firmados por las tres formaciones incluyan medidas específicas para la eliminación de la pobreza infantil en Andalucía, como la modificación de la actual Renta Mínima de Inserción o la creación de una transferencia económica específica a la infancia en situación de pobreza severa. Ambas propuestas se compartieron con PP y Ciudadanos durante la anterior legislatura”, señala Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía. Para la ONG es además urgente tramitar la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía para adecuarla a la normativa estatal en la materia.

Por otro lado, la organización valora que PP y Ciudadanos aboguen por aprobar una Ley de Apoyo a las Familias Andaluzas, adaptada a la realidad actual y a sus diferentes modelos. La ONG espera que esta ley preste especial atención a los niños y niñas para que sean tenidos en cuenta como sujetos de derechos y no como extensión de la familia.

Educación

Save the Children insiste en que la educación es la principal herramienta para la erradicación de la desigualdad social y evitar la perpetuación de la pobreza. Por eso la organización valora las propuestas de PP y Ciudadanos de un Plan Andaluz de Refuerzo Educativo contra el abandono escolar, la gratuidad de la educación infantil 0-3 y una Ley Andaluza de Inclusión Educativa que pueden ser oportunidades para atender mejor al alumnado socioeconómicamente desfavorecido.

En lo relativo al acuerdo en medidas educativas entre PP y Vox la ONG alerta sobre la propuesta de evitar “cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones”. Javier Cuenca recuerda que el derecho a la educación incluye los valores de la igualdad, la ciudadanía democrática y los derechos humanos, que son los principios que rigen nuestra convivencia y que están protegidos en la Constitución. Por ejemplo, la educación afectivo-sexual es clave en la formación para el pleno desarrollo de la persona y para la prevención de la violencia sexual y de género. “La transmisión de estos principios y contenidos es lo que nos permitirá construir una sociedad justa, respetuosa y cohesionada”, afirma el director de Save the Children en Andalucía.

Save the Children también transmite su preocupación sobre lo acordado entre PP y VOX en lo referente a la eliminación de las zonas educativas para garantizar la libertad de elección de centro por los padres. Para Cuenca “es una política que puede contribuir a la segregación escolar por origen socioeconómico, impactando negativamente en la garantía del derecho a la educación en condiciones de igualdad por todos los niños y niñas, tal y como analizamos en nuestro informe Mézclate Conmigo”.

Violencia hacia la infancia

Una de cada dos denuncias por abusos sexuales en nuestro país tiene a un menor como víctima. Save the Children lamenta que ni el pacto de PP-Ciudadanos ni el de PP-Vox incluya la elaboración de una estrategia integral frente a todas las formas de violencia contra la infancia ni la obligatoriedad de formación sobre violencia contra la infancia para los trabajadores públicos.

La ONG sí valora que PP y Ciudadanos se comprometan a impulsar un cambio cultural por el que se eduque a niños y niñas, desde edades tempranas, en los mismos valores y a fomentar la visibilidad de modelos a seguir femeninos, sobre todo en los ámbitos de la ciencia, el deporte o el mundo empresarial. También considera positivo que haya un compromiso por defender los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.

Infancia migrante y refugiada

En cuanto a la acogida de los niños y las niñas que llegan solos a Andalucía, Save the Children pone el foco en las obligaciones que tienen las administraciones públicas para su protección y rechaza el discurso alarmista sobre los efectos negativos de las migraciones.

La organización recuerda que los menores migrantes que llegan a España deben de tener una especial protección porque así lo obliga el cumplimiento de nuestra legislación, remarcando que en el caso de los menores de edad la devolución es completamente ilegal. “Los niños y niñas que llegan solos a nuestras costas son los más vulnerables y deben ser tratados siempre como niños antes que migrantes o extranjeros. Así lo contempla la legislación autonómica, estatal e internacional”, afirma Javier Cuenca. “Las migraciones, además, son beneficiosas para las economías de origen, tránsito y destino. Lo avalan numerosos informes internacionales, por lo tanto, deberíamos estar buscando la forma de gestionarlas y regularizarlas porque es un beneficio general, más que centrar las políticas en la expulsión de las personas migrantes”, agrega.

Ante el discurso alarmista sobre las migraciones, Save the Children apunta que la misma agencia europea FRONTEX ha señalado que en 2018, el número de cruces fronterizos irregulares en Europa se redujo en una tercera parte en comparación con 2017, tocando el nivel más bajo en cinco años. El total de las migraciones irregulares el año pasado fue del 92% inferior a las cifras de 2015.

La entidad hace también hincapié en los beneficios de las migraciones para las sociedades de acogida. En 2017, según el Banco Mundial, España recibió 11.218 millones de dólares en remesas de las personas migrantes, cifra que alcanza el 0.8 % de nuestro PIB. Se estima que a nivel global entre un 40 y un 80 por ciento del empleo creado entre 2000 y 2014 está relacionado con la aportación de los trabajadores extranjeros. En países como el nuestro, la migración mantiene la viabilidad de -entre otros- los sectores de la agricultura, la construcción, sanidad, hostelería, y restauración. Además, de dinamizar la fuerza trabajo y la productividad la movilidad promueve el espíritu empresarial en todas las regiones del mundo.

La organización señala que casi la totalidad de los países desarrollados viven una crisis demográfica en la cual la pirámide de población se invierte, lo que pone en entredicho el futuro de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar y nuestras pensiones. En España la cifra de nacimientos registrados en la primera mitad de 2018, 179.794, es la más baja para un periodo similar desde el año 1941.

La ONG considera positivo que PP y Ciudadanos pretendan reestructurar el Sistema de Protección de Menores de Andalucía para mejorar la eficacia de su respuesta, que quieran poner en marcha un Plan de Mejora de la Gestión de la Política Migratoria en Andalucía que incluya un refuerzo de la coordinación y cooperación con el Gobierno de la Nación y que se quieran incrementar los recursos propios para la atención de la infancia migrante y refugiada.

Ayuda Oficial para el Desarrollo

El punto número 37 del pacto entre PP y VOX pretende avanzar hacia la gestión nacional de las ayudas de la cooperación internacional al desarrollo que ahora son de gestión autonómica. En este sentido, Save the Children recuerda que el Estatuto de Autonomía de Andalucía otorga competencias propias a la administración autonómica en política de cooperación al desarrollo.

A pesar de la gran reducción de recursos y de dotación presupuestaria que ha sufrido esta política en los años de la crisis, Andalucía ha mantenido un compromiso significativo en comparación con otras comunidades para dar cumplimiento, como parte de la administración pública, a los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado en la cooperación con los países menos desarrollados dirigidos a la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos.

Save the Children reclama que la Junta de Andalucía avance y amplíe en sus políticas de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria para garantizar los derechos de las poblaciones empobrecidas en terceros países bajo los principios de solidaridad internacional establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.