El voto a los 16

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Andalucía al Día, elecciones
Foto Europa Press

Estos días estamos viendo mucha actividad legislativa en el Congreso de los Diputados, una actividad que tampoco está en coherencia con las posiciones políticas del Gobierno en funciones, a pesar de que un gobierno en funciones no debería tener posiciones políticas. En esta situación irregular, estamos viendo pasar leyes de todo tipo, entre todas estas iniciativas, ha salido adelante la tramitación de la bajada de edad mínima para el ejercicio del sufragio pasivo de los 18 años a los 16.

La reducción de la edad mínima para emitir el voto ha sido la tónica en la historia de la evolución de los derechos civiles y políticos en muchas sociedades democráticos si no todas, y siempre se reproducen los mismos argumentos de reticencia o rechazo. Que si no están preparados, que si votarán opciones más radicales (más radicales que las que ocupan el poder, o quienes emiten estas declaraciones, por matizar). En España pasamos de los 25 a los 23 años con la aprobación de la Constitución de 1931, pese a que el Partido Socialista en aquellos años apoyaba ya la bajada a los 21 años, que sería aprobada más tarde, aunque con poquísimas incidencias en derechos políticos, ya que en España se impuso una dictadura hasta 1978, año en el que se aprobó el Real Decreto Ley por el que se bajaba la mayoría de edad desde los 21 a los 18, permitiendo a los ciudadanos y ciudadanas de entre 18 y 21 años votar en el referéndum por el que se aprobaría la Constitución. Poco después, en la misma Constitución española, se aprobaría que la mayoría de edad serían los 18 años, y hasta hoy.

No hay duda, y apenas no hay debate, de que a los 18 años se adquiere la mayor edad, y con ella, la plenitud de derechos civiles y políticos, con el total acceso a la capacidad de obrar. No obstante, la referencia a esa “plenitud” tiene un sentido. El Ordenamiento Jurídico español no cree en una entrada repentina de la menor edad a la mayor edad sin enchufe ni recomendación, sino que establece una serie de “edades habilitantes” para el ejercicio de algunos derechos, muchos de una importancia esencial para el desarrollo de nuestra personalidad.

Con 16 años, una persona puede trabajar, puede casarse, emanciparse, militar en organizaciones políticas juveniles, consentir tener relaciones sexuales, tomar decisiones sobre sus derechos de la personalidad, tener una licencia para conducir determinados vehículos, y consentir o negarse a recibir tratamientos médico-quirúrgicos, incluso cuando esta negativa pueda conllevar la muerte. Eso sí, esa persona no podrá decidir cómo se administran esos derechos de los que no solo son titulares sino que ya pueden ejercer. Y no entremos en el argumento de que unos afectan a su esfera privada mientras que el voto afecta a todos, ya que por ejemplo, ciertos hechos derivados de la conducción están penadas por el Código penal precisamente por afectar a la sociedad. Y el caso más patente quizá sea el trabajo, ya que el Estado obtiene la mayor parte de sus ingresos a través del impuesto sobre la renta (IRPF), y una parte importante de la teoría del sufragio universal es la idea anglo-sajona de que el voto deriva del pago de impuestos, o lo que es lo mismo, que todo ciudadano que paga impuestos tiene el derecho a decidir en qué se gasta ese dinero.

La mera admisión a trámite de este asunto es ya un gran avance en la extensión de nuestros derechos fundamentales, y de la idea de que el sufragio activo está vinculada a la ciudadanía política y no tanto a la nacionalidad. Puede que este sea el primero de los pasos en un camino en el que se pueda conceder también el derecho al voto a los extranjeros con residencia permanente en el Estado español, reconociendo como parte de este país no sólo a quienes ostentan la nacionalidad, sino también a quienes con su trabajo y sus vivencias hacen España.