Siete municipios de Córdoba han sido identificados con prioridad alta en el nuevo mapa de despoblación elaborado por la Junta de Andalucía dentro de su I Estrategia frente al Desafío Demográfico. Se trata de Fuente Obejuna, La Granjuela y Valsequillo, en la comarca del Alto Guadiato; Pedroche, Santa Eufemia y Torrecampo, en Los Pedroches; y Zuheros, el único del sur de la provincia que aparece en este nivel de alerta. Entre los siete apenas suman 8.800 habitantes. Fuente Obejuna es el mayor, con poco más de 4.300 vecinos, mientras que Valsequillo no llega a 400 residentes.

Para determinar el nivel de riesgo, la Junta ha analizado indicadores como densidad de población por debajo de 20 habitantes por kilómetro cuadrado, tasas de desempleo superiores al 20%, envejecimiento acusado con más mayores de 64 años que población joven, saldo migratorio negativo, edad media por encima de los 50 años y pérdida continuada de población. Cumplir siete o más de estas variables sitúa a un municipio directamente en riesgo alto.

Además de estos siete pueblos, otros 21 municipios cordobeses figuran en riesgo medio al cumplir entre cuatro y seis indicadores. En esta franja se encuentran localidades como Belalcázar, Carcabuey, Espiel, Villanueva de Córdoba, El Guijo, Iznájar o Valenzuela, principalmente en el norte de la provincia. También se han identificado 22 municipios con riesgo bajo, con síntomas de despoblación menos acusados pero presentes.

De los 77 municipios de Córdoba, un total de 50 aparecen incluidos en esta primera estrategia demográfica, lo que supone dos tercios del territorio provincial. Solo 15 localidades, la mayoría situadas en el eje del Valle del Guadalquivir y la Campiña, como Fuente Palmera, Rute, La Rambla, Castro del Río o Posadas, escapan por ahora a este diagnóstico.

La Junta advierte de que el 85% de la población andaluza reside en municipios de más de 10.000 habitantes, mientras que solo el 14% vive en pueblos pequeños. Esta concentración en áreas urbanas y el vaciamiento progresivo de zonas rurales se traduce, según el Gobierno autonómico, en un impacto directo sobre la sostenibilidad de servicios públicos, el sistema de pensiones y la cohesión territorial.

La estrategia, que se revisará en 2030, busca mantener el crecimiento poblacional, evitar el cierre de servicios esenciales en el medio rural y aprovechar oportunidades ligadas a la transición energética, el empleo local y la digitalización. El objetivo, en palabras de la Junta, es abandonar el discurso de la Andalucía vaciada y sustituirlo por una visión de territorio activo con oportunidades de futuro tanto en ciudades como en municipios pequeños.